CAMINO A LA CARCEL DE LOS GENOCIDAS

La lucha de nuestro pueblo por la justicia y la acción específica de los organismos de los derechos humanos han generado, a más de 20 años del genocidio, una situación política y jurídica que inquieta al poder político económico, a los militares y a los gobernantes. El abandono paulatino de temores y prejuicios, la conformación de una postura crítica sobre el relato oficial de la historia por parte de las nuevas generaciones, el agotamiento de los discursos políticos ante las evidentes y nefastas consecuencias de la impunidad, amplían y acrecientan el reclamo de justicia y la condena social a quienes construyeron y alimentaron a la dictadura militar. Éste es el marco en el que se han generado y se desarrollan acciones político-judiciales en nuestro país y en el exterior En los tribunales se sustancian múltiples causas que buscan eludir y destruir el abanico de obstáculos jurídicos al definitivo juicio y castigo que los partidos políticos desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso, con la contribución vergonzosa de la abrumadora mayoría del Poder Judicial, desplegaron a lo largo de 24 años para amparar a los genocidas. Esta realidad histórica nos muestra que más allá de la letra la interpretación y la aplicación, es decir la vigencia real de las normas, se vinculan directamente con el nivel de lucha asumida por los sectores populares en defensa de su derechos. La acción judicial no se trata de un mero ejercicio de reglas y procedimientos sino de la fortaleza política que se construye para respaldarla. Es la articulación política y organizativa de este plano de lucha, y la de sus protagonistas con el conjunto del pueblo la que permite que se abran los cauces de la justicia real. La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos participa en las diversas instancias judiciales por la definitiva condena de todos los responsables del genocidio. Lo hace como protagonista, decidida a no aceptar la trampa de canjear justicia por verdad, aportando el sentido revolucionario de nuestros testimonios, que reivindican la vida de los compañero caídos y llenan de pruebas los expedientes para perseguir castigar a sus asesinos. En este terreno, para nosotros ningún paso es un fin en sí mismo; los procesos existentes en el exterior y en Argentina son parte de 1 lucha permanente por la vigencia de más justicia.

SECUESTRO Y APROPIACION DE NIÑO NACIDOS EN CAUTIVERIO
A partir de este proceso iniciado en 1996 por seis abuelas en el Juzgado Federal No 7, a cargo del doctor Adolfo Bagnasco se demuestra la sistematicidad de la apropiación de niños nacidos en cautiverio, o secuestrados junto con sus padres, como forma continuada de tortura y exterminio de los opositores a la dictadura militar. Entregados directamente a represores o a familias afines a la ideología del régimen para su "reeducación", este horror se extiende hasta hoy y se verifica en jóvenes actualmente identificados como hijos de desaparecidos que reniegan de su familia de sangre. Hasta ahora se encuentran con prisión preventiva parte de las cúpulas de la dictadura militar, y algunos responsables por el lugar que ocupaban en la cadena de mandos como el prefecto Héctor Antonio Febres, quien tenía directamente a su cargo a las prisioneras embarazadas recluidas en la ESMA. Los defensores de los genocidas no han ahorrado argucia legal alguna para obstruir el juicio. Cuentan para ello con la activa complicidad del poder político. Durante el actual gobierno, el ministro de Defensa López Murphy, toleró y avaló que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas reclamara para sí la causa, pretensión que fue rechazada en diversas instancias judiciales.

JUICIO POR TORTURAS, GENOCIDIO Y TERRORISMO DE ESTADO
Iniciado ante el Juzgado Nº 5 de Madrid en marzo de 1996, marca un hito en la vigencia de las convenciones internacionales sobre derechos humanos y en la aplicación de la jurisdicción internacional a los crímenes de lesa humanidad. Habilita su persecución por jueces naturales de cualquier país ante la inacción del Poder Judicial del territorio nacional donde se cometen, descartando la creación de tribunales especiales. Este criterio posibilitó el encarcelamiento de Pinochet en Londres, el del mayor Jorge Olívera en Italia y de Ricardo Miguel Cavallo en México. Desde noviembre de 1999 existe un pedido de prisión preventiva para 98 genocidas, y sobre 48 de ellos el juez Garzón envió a la Argentina una orden de detención con miras a su extradición. La Alianza, revalidando el decreto 111/98 de Menem, agita un discurso chauvinista que alega soberanía nacional para imponer impunidad territorial. Desconoce la Constitución que incorpora convenciones de derechos internacionales y pactos de cooperación judicial que obligan a cumplir lo solicitado desde Madrid. Los ministros Gil Lavedra y Rodríguez Giavaríni han sido denunciados por la AEDD junto a otros organismos, por ocultamiento de documentación a los jueces e incumplimiento de deberes de funcionario público. La detención en México de Ricardo Miguel Cavallo, represor de la ESMA, pone en evidencia el entramado que cruza inteligencia, seguridad y negocios de las fuerzas represivas con los políticos "democráticos", que atraviesa fronteras y construye la arquitectura jurídica de impunidad necesaria para protegerlos. El proceso de extradición en curso solicitado por España pondrá en juego a las complicidades.

PROCESOS POR TORTURAS Y DESAPARICIÓN CIUDADANOS DE DISTINTAS NACIONALIDADES
En Italia, Francia y Alemania se hallan activos juicios que investigan lo ocurrido a sus nacionales durante la dictadura. El más antiguo es el que lleva adelante un tribunal de Roma, y tiene por uno de los principales imputados al represor Suárez Mason. En París, el juez Le Loire incorpora el delito de desaparición forzada sobre 16 franceses ampliando el criterio con que fue condenado en ausencia el represor Alfredo Astiz por el secuestro y asesinato de dos religiosas. Precisamente ese juzgado ordenó el 7 de agosto la detención de Olívera, responsable del secuestro, torturas y desaparición de Marianne Erize, quien se encontraba en Roma como abogado defensor del genocida Suarez Mason. En una maniobra que revela las complicidades de impunidad de las mafias del poder, el 19 de septiembre fue dejado en libertad, a expensas de la aceptación por el tribunal de documentación falsa. Olivera corrió al refugio vergonzoso que le ofrece el gobierno argentino.

DE JUICIOS POR LA VERDAD... A JUICIOS DE VERDAD
Con la excusa de aceptar el legítimo reclamo por parte de los familiares de conocer el destino de los desaparecidos (ya se había tratado sin éxito de silenciar a los afectados con indemnizaciones) Menem acató las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar y exponer la verdad de lo sucedido pero sin penalizar a los responsables en virtud de la existencia de las leyes de impunidad. Se proponen esta vez que la ausencia de la justicia sea reemplazable por un dudoso concepto de "verdad" como parámetro de la vigencia de los derechos humanos. Contra este propósito político trabajamos los organismos acreditados en los llamados "juicios por la verdad", en todo el país, llenándolos de contenido verdadero, buscando que se conviertan en juicios de verdad, castigando con ta cárcel a los culpables. La abrumadora cantidad de pruebas y testimonios que se van incorporando ponen en claro lo ocurrido, cambian el sentido de la explicación histórica oficial y marcan la vergonzosa contradicción de un Poder Judicial dependiente, que toma nota del horror pero acepta la imposici6n que tales crímenes se amparen en instrumentos inconstitucionales e ¡legítimos como las "leyes" de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos.

La Plata: un grupo de Familiares y Madres de La Plata, patrocinados por la APDH-La Plata iniciaron el reclamo ante la Cámara Federal de esa ciudad, al que luego se sumaron como parte activa la la Asociación Anahí, la familia De la Cuadra y la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, También se acreditaron la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la CTA de la provincia de Buenos Aires. La incorporación de esta última implica el reconocimiento del derecho de las organizaciones sociales, a conocer lo sucedido y reclamar justicia. La Cámara parte de las casi dos mil causas abiertas por los habeas corpus presentados por los familiares de desaparecidos, y a propuesta de la AEDD sigue el criterio de investigar por cada campo de concentración. Esto permite una organización de la información más ajustada, y una profundización en el establecimiento de las responsabilidades de los terroristas de Estado. En el camino de convertir a estos juicios en juicios de verdad, se ha pedido la declaración indagatoria del genocida Etchecolatz, medida que fue derivada por fallo dividido a primera instancia. Cada miércoles, en las audiencias públicas declaran familiares, testigos y ex detenidos-desaparecidos, que exploran su memoria para recordarle una vez más a los jueces y a la sociedad, que ya es hora de que -como dijo una Madre- con tanta verdad se haga un equivalente de justicia.
También son citados represores y cómplices (curas y civiles) en carácter de testigos, quienes deberían en un proceso penal ser imputados. Existen voces a favor de tal procedimiento, pero la práctica demuestra que es una burla más a la justicia, ya que todos sufren amnesia o dicen haberse enterado de sus propios crímenes por los diarios. Apenas dos policías de muy baja graduación y escasa inteligencia fueron castigados con un proceso por falso testimonio. Confirma que poco aportan los asesinos y que sus dichos no pueden ser tomados a la par de las verdades de los sobrevivientes a sus crímenes.

Rosario: Familiares y APDH con un conjunto de abogados iniciaron a partir de la presentación de Habeas Data 24 juicios, que por resolución de la Cámara Federal de Santa Fe se tramitan en primera instancia.

Santa Fe: la fiscalía asumió la investigación a partir de la presentación de familiares basada en los criterios de búsqueda de la verdad histórica.

Bahía Blanca: La APDH de esa ciudad y las de Río Negro y Neuquén son los pilares de este juicio, que se sostiene también en base a la actividad del fiscal Hugo Cañón. La Cámara Federal de Bahía Blanca fue la única del país que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad. Se han retornado los cien casos que estaban a consideración al momento de imponerse el Punto Final. Dos represores fueron encarcelados por falso testimonio, aunque prontamente lograron las complicidades judiciales necesarias para ser puestos en libertad.

Juicios de similares características se han abierto en otros lugares del país, como por ejemplo en Córdoba. Justicia es lo que persigue nuestro pueblo en todas sus formas y por eso fueron desaparecidos sus hijos. Justicia es el término irreemplazable para reivindicarlos y para ejercer la memoria práctica y viva, llenando con su sentido revolucionario todas las grietas que apenas abre la democracia. Las instancias judiciales son parte de ellas.

Rufino Almeida