DERROTEROS*

SUMISOS Y CRUZADOS
La evidencia hace innecesaria una exploración trabajosa para emparentar al proyecto de ¡a Alianza con el mememismo. El peso de la explotación aumenta sobre los hombros de los trabajadores ocupados y desocupados, de los sectores populares más empobrecidos. Se empuja a nuevos sectores hacia la marginación y la miseria. Se naturalizan las relaciones de trabajo como de sumisión sin instancia de apelación y defensa, acompañadas por privatizaciones sin tregua y por la ficción de " mayor protagonismo" del trabajador que sólo significa más tareas a cumplir por menor paga. Éstos son algunos ejes vertebradores de la economía argentina?siglo XXI.
En otros ámbitos, tampoco han cambiado tas tendencias. Legisladores del PJ y la Alianza calculan el costo?beneficio de tratar la ley que ?atendiendo las recomendaciones de la CIDH? habilite una segunda instancia para los presos de Tablada. El Parlamento sigue siendo el terreno donde se transan cuotas de poder en términos de subasta, no el espacio donde las leyes se discuten, impulsan, rechazan o aprueban al calor de un debate enfocado a modificar la desesperada situación que vive la mayoría de los argentinos. El Ejecutivo no es la máquina inmóvil a la que algunos critican por inacción. El Presidente y sus ministros toman iniciativas, actúan, deciden, y lo hacen en el mismo sentido que el gobierno anterior: alineamiento tras Estados Unidos, flexibilización laboral, recorte de presupuesto en salud y educación, sumisión al FMI, al Banco Mundial, a los grandes grupos económicos, desarticulación de lo público y de todo aquello que implique protección estatal.
Si hasta la "cruzada" contra la corrupción prometida por el discurso aliancista ?imposible de creer desde el vamos, pero con vasta difusión mediática? tiene la marca de esa política global. Encarada bajo el mismo enfoque de conveniencia comercial que gestó a la Alianza ?suma de votos para ganarte al menemismo, no el tramado de un proyecto popular que lo derrotara en términos político?ideológicos, la "cruzada" es apenas intentar un shock publicitario a cuya sombra se negocian los límites de las denuncias, sin renegar del hacer de la política, una mercancía tasable según los vaivenes de la Bolsa. El encuentro entre De la Rúa y Menem debe haber disuelto las expectativas de ingenuos y distraídos. Fue un remate tan elocuente como el pacto de Olivos.

TORCIENDO DERECHOS
En los gobiernos anteriores, la Subsecretaría de Derechos Humanos estaba en la órbita del Ministerio del Interior. Significativa ubicación en el rompecabezas burocrático: bajo el mandato del mismo ministro se encontraban tanto la Policía Federal ?fuerza represiva que sostenidamente viola los derechos humanos?, y la dependencia que debe velar porque esos derechos sean respetados
La Alianza cambió su lugar en el tablero Del Ministerio que se ocupa del "orden interno" fue hacia el de Justicia y Derechos Humanos. Aunque el "pase" no conllevó iniciativas para sancionar a los impunes de ayer y de hoy recorriendo el camino de la justicia, como podría sugerir su nueva dependencia. La misma Diana Conti que siendo diputada suscribió el proyecto de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ?que el Parlamento aprobó el 24 de marzo de 1998 después de haber reconvertido la nulidad en "derogación"?, es quien inició su gestión decidida a crear una comisión de "notables" que se ocupara de establecer la "verdad de lo ocurrido durante la dictadura militar". Tras el cerrado rechazo de organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales a esa reedición de la Conadep, aseguró haber archivado su proyecto. Pero no archivó la decisión oficial de convertir a la memoria en un dato informático y obturar cualquier grieta que pueda llevar a los genocidas detrás de las rejas. Destrabar el "conflicto de intereses entre la obtención de la verdad y la represión y el castigo " por la vía de garantizar nuevamente la impunidad de desaparecedores y torturadores a cambio de "verdades" propuso la subsecretaria. Otros ya lo han ensayado. "Vengan a decirme a mi lo que hicieron, que yo les garantizo reserva e impunidad", prometía Balza en aquella pieza de perversa oratoria del 25 de Abril de 1995.
Esa que quién sabe por qué adulteración del mecanismo "emisor?receptor" pasó al inventario histórico como "autocrítica de un general de la Nación", cuando debería ser estudiada como descarada justificación del genocidio.
Inaceptable desde lo ético el trueque de "verdad" por "Juicio y castigo", falso como dilema, tampoco para la lógica militar de mercado ese negocio se mostró rentable: ningún represor peregrinó hasta el general confesor.
La idea del "trueque" se complementó con la de "desjudicializar" toda acción dirigida contra los terroristas de Estado. Idea que contrasta con la estrategia oficial de "judicializar" los reclamos populares, que hace de cada luchador social un potencial blanco de proceso penal ?hay miles de ellos enjuiciados y hasta en la cárcel, como Emilo Alí y Raúl Castells? por "disturbios", "obstrucción de la circulación" o "extorsión".
La idea de Conti se potencia cuando se la encuadra en el esquema interpretativo que orienta la política global y pretende oponer la exigencia de justicia por los crímenes de la dictadura con la exigencia de justicia social para el presente. "Los derechos humanos van a estar relegados o no en función de si el pueblo argentino los relega o no" vaticinó. Fragmentar la vida de un pueblo, desgajar su presente de su ayer inmediato, desinscribir procesos sociales y responsabilidades concretas, premisas todas de una lógica encubridora que ya conocemos. Pues, ¿como medirá ese "relegar"? ¿por la cantidad de diputados que votan leyes antipopulares? ¿Por las cifras de las "encuestas" de Ruckauf reclamando mano dura?

POLÍTICA DE UNIFORMES
Los genocidas y sus socios civiles han detectado la luz verde que emiten los semáforos gubernamentales.
El menemismo garantizó la impunidad de los dictadores, a la vez que pulverizó a los carapintadas cuando ya no le fueron útiles. Paralelamente sumó a los militares a sus jugosos arreglos comerciales; se asociaron para el tráfico de armas, por ejemplo. Alentó la intervención de la gendarmería y la policía en la represión a los conflictos sociales, ascendió represores, les inauguró bustos, los exaltó por su "defensa de la patria", los protegió de jueces locales y extranjeros.
La Alianza, a grandes rasgos, hace lo mismo, pero con las dobleces que el desfachatado menemismo no tuvo. Si con el decreto 111 el gobierno anterior trabó el desarrollo de los juicios abiertos en el exterior, De la Rúa proclamó "que actuaría la justicia" ante la orden de detención de 48 represores emanada desde un juzgado de Madrid mientras sus ministros Rodríguez Giavaríni y Gil Lavedra operaba para impedirlo. Cuando el desaparecedor Jorge Olivera fue apresado en Italia, el discurso oficial habló de "prescindencia" y "asistencia consular". Otro tanto ante la detención del represor Ricardo Miguel Cavallo, encarcelado en México. Pero la libertad y rápido arribo del primero al seguro refugio que le proporciona la Argentina de los indultos y el punto final, necesariamente remiten a aquel proclamado "actuará la justicia" que no fue, y que toma increíble esa "prescindencia". Más aun cuando el ministro Storani no prescinde de enviar decenas de policías a proteger de escrachantes a ese Olivera que la Obediencia Debida, votada en 1987, salvó de la condena. El mismo Storani que ya carga en su cuenta a Ojeda y Escobar, los dos correntinos asesinados por la gendarmería comandada por Chiappe, el antiguo represor de Campo de Mayo.

A LA HORA DE LOS HORNOS...
Leyes de la verdad, mesas de reconciliación propuestas por Brinzoni ?el general protector de genocidas como Menéndez, Mones Ruiz, Alsina?, confesiones y perdones agitados por la Iglesia, homenajes a los desaparecidos organizados por quienes impunizan a los desaparecedores, comisiones de paz para saldar guerras que no existieron, en sintonía con las propuestas en Chíle y Uruguay. Todas rutas hacia la misma meta: parálisis, neutralización, archivo de la memoria de la lucha y de la determinación de responsabilidades. Porque un proyecto económico y político que necesita profundizar el control social, requiere también que las instituciones que detentan la fuerza de las armas se muestren intocables hacia afuera, y hacia adentro, tengan la certeza de la impunidad. Por eso la barbarie criminal de la Bonaerense ha convertido en rehenes a los habitantes de la provincia de Buenos Aires para negociar mayores prebendas; la Federal reprime con balas y navajas a quienes se oponen a la legalización de la esclavitud; la policía entra en las casas de Tartagal y General Mosconi como lo hacía durante la dictadura; el violador Olívera ?para desacreditar los juicios en el exterior- querella en Londres a Margaret Thatcher por el hundimiento del Crucero General Belgrano durante la guerra de Malvinas, y abre las rejas de su prisión romana sacudiendo el comprobante falso de un trámite inexistente.
Inventariamos un derrotero sombrío, es cierto. Pero hablamos de derrotero, no de derrota, aunque los términos se aproximen. Éstos son sólo datos del camino Pero están los otros, los de la resistencia obrera a la flexibilización, los de las poblaciones que se niegan a morir de abandono. Los de la levadura que con el tiempo hace crecer la masa que se horneará en pan.
Apuntemos uno, no el mejor ni el más relevante, pero tan significativo para nosotros, los sobrevivientes. En Montevideo, en Madrid y Alicante, en un barrio de Caracas, en las diagonales platenses y los bulevares de París, en las calles de Buenos Aires y en el DF de México, en Avenida La Plata y Rivadavia, en tantos cruces del redondo mundo, la memoria empecinada junta a antiguos y nuevos luchadores. Y allí, en el Reclusorio de Oriente, el omnipotente Sérpico que taconeaba en Capucha y picaneaba en el sótano de la ESMA, arquitecto de un poder económico que atraviesa fronteras, está en la cárcel.
Porque a pesar de los oscuros datos de este derrotero, la lucha suma y sigue. Sobre todo, sigue.

Graciela Daleo